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Organizaciones ciudadanas en el día del medio ambiente: NO HAY NADA QUE CELEBRAR PDF Imprimir E-Mail
 Diversas organizaciones ciudadanas se convocaron a la Plaza de la República, desde las ese jueves 05 de junio,  día en que se celebró el Día Nacional del Medio Ambiente. El encuentro tuvo por finalidad dar una señal al gobierno de que estarán alertas ante las propuestas que la Pdta. Bachelet ingresará al parlamento para modificar la institucionalidad ambiental y exigir al gobierno regional un mayor compromiso con la protección con los recursos naturales de la Región de los Ríos, en especial sobre el recurso agua. 1. Entre las organizaciones que convocaron estaban La Coordinadora por la Defensa de
los Ríos de Valdivia, Acción por los Cisnes, el Comité de Defensa del Mar, la
Coordinadora de Defensa del Río San Pedro, la Agrupación de Ingenieros Forestales por
el Bosque Nativo, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, La Comunidad de
Tralcao, el Parlamento de Coz Coz, que junto a mas de un centenar de personas,
portando  carteles y lienzos marcharon hacia la Intendencia regional para dejar una
carta al Intendente Iván Flores. Entre las exigencias estaban un mayor compromiso de
las autoridades regionales con las comunidades en conflicto, los estudios pendientes
sobre las cuencas en los ríos de Valdivia y la incorporación de un representante del
tema ambiental en el Consejo que desarrolla la Estrategia de Desarrollo Regional.

"Las organizaciones ciudadanas de la Región de los Ríos están concientes de que la
política ambiental es un tema país luego de la crisis ambiental que destruyo el
Santuario del río Cruces y por ello anunciaron que se harán presentes en la discusión
de la nueva institucionalidad que desarrollará el parlamento. Las autoridades de la
nueva región no han estado a la altura del proceso ciudadano gestado en Valdivia y
tampoco tienen atribuciones y capacidades para cambiar las políticas económicas que
están destruyendo la Región de los Ríos y comprometiendo los recursos naturales
necesarios para la vida futura de las generaciones que habitarán esta región. Por ello
es necesario que todos nos sumemos para exigir una nueva institucionalidad ambiental
que respete los derechos de las personas y comunidades, proteja de mejor manera los
recursos naturales y entregue atribuciones para que los gobiernos locales puedan
decidir sobre los proyectos de inversión y promover así iniciativas de inversión que
sintonicen mas con la imagen que la mayoría de la población tienen sobre esta región".

"Valdivia tiene condiciones naturales que la han promovido como unos los 25 territorios
prioritarios de conservación internacional. Pero no existe una política ambiental
regional orientada a la conservación de recursos esenciales como el agua y tampoco
iniciativas gubernamentales que orienten actividades productivas que permitan
aprovechar estos recursos sin destruirlos. Hoy las decisiones económicas de desarrollo
son tomadas centralmente y esto  ha provocado una serie de conflictos sociales que han
obligado a diversas comunidades a organizarse para proteger sus espacios territoriales
y las fuentes naturales que les permiten generar trabajo. Es el caso de los pescadores
artesanales en la costa (conflicto con CELCO) y de pequeñas empresas productivas y
turísticas en la zona cordillerana (conflictos con proyectos hidroeléctricos). La
imagen región que la mayoría de la población tiene orientada al turismo y la
conservación de los recursos naturales (agua) contrasta con la inversión que se
desarrolla en la zona. La actividad forestal de plantaciones artificiales tiene un
fuerte impulso empresarial y al apoyo de diversos organismo públicos, a diferencia del
impulso turístico cuya inversión en la región solo alcanza al 2%. Ello solo demuestra
que estamos aun lejos de que las políticas locales reflejen lo que la mayoría aspira
construir como región".

2. La actual institucionalidad ambiental en Chile fue creada con la ley de Bases del
Medio Ambiente en 1994. Esta ley y el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, uno de sus componentes principales (1997), han generado reiteradas críticas
por las numerosas evidencias demuestran su evidente manipulación lo que no permiten una
debida protección de los recursos naturales del país y con  espacios de participación
de la ciudadanía muy deficientes. Si bien esta institucionalidad ha generado procesos
que permitieron crear mayor conciencia ambiental, los impactos negativos ambientales y
su incidencia en la calidad de vida, recursos naturales  y derechos de las personas son
ahora mejor percibidos, y por ello se han exigido cambios.

El año 2004, las movilizaciones ciudadanas en varios casos de contaminación, como el
caso CELCO en Valdivia,  obligaron el anuncio de cambios institucionales que se
manifestó en los diversos programas de gobierno en las últimas elecciones
presidenciales. La actual mandataria inició su mandato con la creación de un Ministerio
del Medio Ambiente y el compromiso de generar una nueva institucionalidad para hacerse
cargo de las críticas ciudadanas y de los compromisos internacionales que el gobierno
ha ido adquiriendo en estas materias.

El año 2005 la Organización para el Comercio y el Desarrollo - OCDE - realizó una
evaluación del desempeño ambiental de Chile reconociendo que el crecimiento económico y
el modelo exportador de Chile ha generado una presión sobre los recursos naturales y
plantea desafíos para que el país aplique su política ambiental de forma eficiente,
profundice en la integración de las consideraciones ambientales en las decisiones
económicas, sociales y sectoriales y fortalezca su cooperación ambiental internacional.
La minería, silvicultura (plantaciones forestales exóticas) y la actividad acuícola
(salmones) son mencionados como temas críticos en relación a su sustentabilidad y
coinciden justamente con los principales conflictos socio ambientales que se ha
conocido en los últimos años. El informe de la OCDE hace un énfasis en la democracia
ambiental que implica cambios institucionales que mejoren la participación pública en
procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos y las evaluaciones
estratégicas de los planes, políticas y programas públicos. Para ello pone como
horizonte los compromisos internacionales que Chile ha suscrito.

Entre estos compromisos están los relativos al cambio climático donde Chile tiene un
rol relevante dado que nuestro país es altamente sensible (glaciares, fuentes de agua,
desertificación) a los cambios que tiene el planeta debido a la contaminación.
 
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