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El Caso en Tribunales PDF Imprimir E-Mail

Actualmente existen dos acciones legales en tramitación: una investigación criminal en la Fiscalía de Valdivia y una demanda del Consejo de Defensa del Estado. Además, desde que la Planta Valdivia de CELCO entró en operación se han interpuesto dos Recursos de Protección, ambos rechazado, uno de ellos por la máxima instancia judicial nacional.

I. Las acciones penales

La investigación en la Fiscalía

En enero de 2005, Acción por los Cisnes presentó ante el Tribunal de Garantía de Valdivia una denuncia por la contaminación del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Existen evidencias y testimonios que acusan a CELCO de contaminar en forma deliberada las aguas del río. Los monitoreos de la empresa muestran que existieron periodos en que la contaminación excedió los parámetros que estaban autorizados, lo que en una industria con esta tecnología solo es posible por fallas o accidentes o intenciones de personas encargadas de operar o dar instrucciones al interior de la propia planta.

En ambos casos (accidente o acto premeditado) la situación amerita una investigación judicial. De acuerdo con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA 279/1998) que autorizara la puesta en marcha del proyecto, en caso de accidente o eventos no controlables la empresa está obligada a paralizar sus funciones y avisar a la autoridad ambiental. Por otra parte, puesto que la insensibilidad ambiental es una práctica habitual en las plantas de celulosa en Chile que siempre han vertido directamente sus desechos en los cursos de agua, también pudo haber sido provocada por instrucciones operacionales.

Las personas y organizaciones que, a la fecha, se han sumado a esta acción legal son:

Fecha

Nombre

Tipo presentación

Diciembre 2004

Diputados Navarro/ Girardi/ Silva/ Sánchez

Denuncia

Enero 2005

I. Municipalidad de Valdivia

Denuncia

Enero 2005

Varios vecinos

Querella

26 de abril 2005

Dip. Jaramillo / Girardi

Querella

 

Armadores navieros de Valdivia

Querella

 

Cereceros de Tralcao

Querella

 

Consejo Logkos mapuches

Querella

 

Agricultores

Querella









 

 

 

Los delitos que se investigan

Esta investigación criminal está a cargo de la Fiscal Ximena Valenzuela del Ministerio Público de Valdivia y se encuentra actualmente en situación de “investigación no formalizada” lo que significa que aún no han sido formulados los cargos.

Lo que se investiga es el vertido de substancias contaminantes como metales pesados, compuestos clorados, sodas y compuestos orgánicos al Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, lo que configura el delito descrito en el artículo 291 del Código Penal, que dispone que aquel “...que propagare indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo”.

Este delito también está configurado en el Art. 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura según el cual “quien introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3000 UTM. Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo...”. (Ver querella presentada)

II. La demanda del Consejo de Defensa del Estado, CDE.

Luego de Conocido el Informe científico de la UACH que determina la responsabilidad de CELCO en la contaminación del Santuario, la CONAMA entregó los antecedentes al CDE para que interpusiera una demanda civil contra CELCO.

El CDE de Chile ejerció entonces una acción de Reparación del Daño Ambiental en representación de los intereses del Estado, o sea de todos nosotros. La investigación la realiza la Unidad de Medio Ambiente de esta institución.
Luego, se suman a esta demanda los Agricultores de Tralcao, quienes, de acuerdo a ley, en esta acción legal sólo pueden ser terceros coadyudantes.

La causa está en etapa de discusión y falta recibir las “causas de prueba” consistentes en una resolución que ordena probar que hubo daño. Esta Resolución la deberá tomar el 1er. Juzgado Civil de Valdivia.

III. Las acciones constitucionales

Los Recursos de Protección

Desde que la planta comenzó a operar, se han presentado dos Recursos de Protección en contra de de la Planta Valdivia de CELCO. El primer Recurso fue presentado el 30 de marzo de 2004 por emisiones pestilentes de TRS (Sulfuros Totales Reducidos) por académicos de la UACH y profesionales de Valdivia. En él se pidió la paralización de las faenas de la planta de celulosa hasta que se dieran garantías de que CELCO cumplirá las medidas de mitigación y monitoreo de la contaminación ambiental comprometidas en la RCA. El Recurso fue rechazado.

El segundo Recurso fue presentado el 12 de enero de 2005, por miembros de Acción por los Cisnes y solicitó la Realización de un nuevo EIA por las irregularidades y cambios que presentaba el proyecto Planta Valdivia de acuerdo con el Informe de MA&C Consultores (como una capacidad productiva superior a la autorizada en la RCA) y que habían afectado al Santuario y ponían en riesgo la salud de los habitantes de la provincia. En el recurso se solicitó además la paralización de la planta mientras se efectuara este EIA.

El 19 de abril de 2005, la Corte de Apelaciones de Valdivia acoge el recurso y ordena la paralización de las faenas de la Planta. El argumento del fallo es que la Planta está operando fuera de la RCA, lo que constituye una amenaza a la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El 23 de abril de 2005, Los abogados de CELCO, Alvaro Ortúzar y Pedro Hernán Aguila, apelan de este fallo a la Corte Suprema, argumentado que la empresa ya ha solucionado los problemas.

El 30 de mayo de 2005, la Corte Suprema acoge la apelación y declara que CELCO es inocente. En su fallo, los Ministros Eleodoro Ortiz, Rodrigo Aristía, Domingo Kokish y los abogados integrantes René Abeliuk y Oscar Carrasco argumentan, en lo formal, la extemporaneidad del Recurso y, en el fondo, la no acreditación de que la empresa contamine.

La argumentación de la Suprema se fundamenta en que los cisnes murieron producto del hierro y que CELCO no arroja este metal al río. Para este argumento se basa en un supuesto estudio del Centro EULA de la Universidad de Concepción, en otro estudio de la GUACHO sobre el hierro en el río Cruces, y comentarios de los expertos Ramsar que aseguraban que existirían otras fuentes de contaminación.

El 31 de mayo de 2005, Acción por los Cisnes declara que este fallo “refleja en toda su dimensión la ignorancia de estos Ministros y la manipulación intencionada de los datos científicos que tuvieron a la vista con la burda finalidad de justificar la inocencia de CELCO” (Ver declaración APC). El Centro EULA desmiente la autoría del informe aclarando que se trata solamente de un análisis de agua realizado por este centro académico, el cual fue luego interpretado por CELCO. Sin embargo, la comprobación del error de autoría no invalida el fallo de la Corte Suprema, la cual se limita a rectificar su formulación. Con esta medida, la Corte busca cerrar un debate que se transforma en escándalo nacional y lleva a un grupo de diputados a presentar una acusación constitucional contra los tres Ministros que emitieron el fallo.

La Acusación Constitucional

El 22 de junio de 2005, encabezados por el diputado (DC) por Valdivia Exequiel Silva, once diputados de la Concertación y uno de la Alianza por Chile presentan una Acusación Constitucional contra los Ministros de la 1ra. Sala de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, Rodrigo Aristía y Domingo Kokish.

En su defensa, los Ministros alegaron que “no es labor del juez establecer la veracidad de los documentos agregados por las partes al proceso”, eludiendo así su responsabilidad. Varios juristas y expertos en derecho ambiental pasaron por la Comisión Investigadora, la cual finalmente no formalizó la Acusación por considerar que la Cámara no podía inmiscuirse en un fallo judicial. La acusación fue rechazada el 14 de julio.